Correa. El Gobierno mintió nuevamente. No es cierto que la Corte Interamericana le haya “dado la razón” | @MashiRafael

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    Rafael Correa desde su cuenta Twitter.

    El Gobierno mintió nuevamente. No es cierto que la Corte Interamericana le haya “dado la razón”. Por el contrario, los asuntos de fondo no se han tocado, y queda abierto el camino para las demandas por afectación de derechos e inconstitucionalidad de la Consulta.

    La Corte Interamericana no considera necesarias medidas provisionales (cautelares), pero Comisión y Misión de la OEA ya han reconocido las graves inconstitucionalidades de la consulta, y no hay excusas para no dar trámite a las demandas. Tarde o temprano los culpables responderán.

    ¿Por qué el gobierno miente al país?

    ¿Cómo obtener, con una pésima estrategia, una contundente victoria? El secreto lo tiene la Canciller, María Fernanda Espinosa. Tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hoy en Costa Rica, ella puso un tuit en el cual da por hecho que el fallo favorable al Ecuador es consecuencia de su trabajo, el del gobierno y la procuraduría.

    No es verdad lo que escribió la Canciller. Esta decisión de la Corte Interamericana es un triunfo del derecho y en ella para nada intervinieron los argumentos de defensa del Estado Ecuatoriano, como escribió equivocadamente el presidente Moreno en uno de sus tuits.

    Una simple relación de hechos prueba que, aunque los Alvarado se fueron del gobierno, la costumbre de fabricar ficciones se mantiene. Veamos. Hasta las 20:00 de anoche, 7 de febrero, el gobierno daba a conocer un boletín en el cual anunciaba que una delegación de alto nivel liderada por la Canciller viajaría hoy a Costa Rica. Rosana Alvarado (ministra de Justicia), Miguel Carvajal (Ministro de la Política), Rafael Parreño (Procurador general) y José Serrano (Presidente de la Asamblea) completaban la delegación. Su misión era defender ante la Corte Interamericana “la soberanía nacional, la Constitución, el Estado de derecho y la voluntad del pueblo ecuatoriano expresada libre y democráticamente en el referéndum y consulta popular del 4 de febrero”.

    Pues bien, esa delegación llegó esta mañana a Costa Rica y a las 12:10 la Canciller anunció en su tuit el fallo. Quiere decir que los argumentos de la delegación nunca llegaron a la Corte. De hecho no hay huella alguna de una supuesta defensa del Gobierno en las 11 páginas de un fallo enteramente jurídico,basado en la Convención Americana sobre DD.HH., el reglamento de la Corte Interamericana y precedentes jurídicos sobre casos similares. Un fallo redactado antes de que la delegación del gobierno llegue a Costa Rica.

    El fallo lejos de probar que en él pesaron las tesis del gobierno, demuestra que su estrategia era totalmente equivocada. Las pruebas están en el mismo documento conjunto de las funciones del Estado en el cual se pauta una guerra contra el sistema Interamericano de derechos humanos. Se dice que el Ecuador “alertó a los países hermanos del peligro para la democracia y la soberanía que supone esta interferencia como la protagonizada por la CIDH (…)”; se llamó a “la unidad del pueblo para rechazar esta intromisión en nuestro sistema democrático y en el derecho soberano de decidir nuestro presente y el futuro de nuestros hijos e hijas”.

    El Presidente dijo que no permitirá que “organismos supranacionales atenten contra nuestra Constitución, la democracia, el derecho internacional y la voluntad del pueblo ecuatoriano”. En claro, el gobierno desenterró el hacha de guerra contra la CIDH y se aprestaba a librar una batalla en Costa Rica contra la Corte Interamericana.

    Sorpresa: Esa corte ya había estudiado el caso y votado por 4 votos a favor y dos en contra. Su fallo prueba que la razón no pide fuerza y que en el sistema interamericano de derechos humanos prima el derecho sobre las consignas políticas. Ese fallo deja sin piso la teoría, esgrimida por gobiernos fascistas y autoritarios, que claman soberanía para evitar los controles de las instancias supranacionales. En particular, aquellas instancias encargadas de velar por los derechos humanos, la libertad de expresión o los derechos de asociación. María Fernanda Espinosa y algunos de sus asesores, verdaderas reliquias de la guerra fría, son fanáticos de esa tesis. Como se vio en este caso, para convertir las instancias supranacionales de control en enemigos y creer que sus intervenciones deben ser respondidas con proclamas políticas. O con epítetos. El espectáculo dado por las autoridades del Estado en este caso es patético.

    Lenín Moreno parece haber vislumbrado, en la más completa soledad, los peligros que encierra esa tesis de la soberanía que gobierna su política internacional. No de otra manera se puede interpretar su llamada telefónica a Juan Pablo Albán, abogado y profesor de la USFQ, que reside actualmente en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. El Presidente le pidió coordinar un equipo con Farith Simon, Daniela Salazar y Ramiro García para apoyar la defensa ante la Corte Interamericana.

    Con ese gesto, Moreno mostró ser consciente de los límites que tienen los aspavientos políticos y las declaraciones altisonantes a los cuales tiene acostumbrado al país una Cancillería que sigue conectada, a tiempo completo. Y con su lógica. Presentar el fallo de la Corte como un triunfo de una guerra a la cual la Corte Interamericana no se prestó, o como consecuencia de unos argumentos que el gobierno no presentó, es una falacia. Un acto de mala fe.

    El gobierno de Lenín Moreno debería reconocer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en derecho a su favor. Es un hecho que rompe sus esquemas. Eso debería invitarlo a archivar la tesis de la soberanía que sirve a la Canciller para hacer alharaca, creer que Ecuador (o cualquier otro) puede, cuando le conviene, desconocer acuerdos fundamentales en el campo internacional y socapar su adhesión personal a las dictaduras del continente.

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