El uso político de las reparaciones de violaciones a los derechos humanos en el Ecuador

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Hace pocos días oímos el discurso del actual gobierno ecuatoriano sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante en el gobierno de Febres Cordero. En mi trabajo como psicóloga e investigadora en contextos de post-conflicto, y habiendo trabajado directamente en la Comisión de la Verdad del Ecuador (CVE), que investigó los crímenes del febrescorderato, hoy quiero reflexionar un poco sobre estos temas.

Al mismo tiempo, como académica comprometida, este análisis teórico no deja por fuera mi posición personal frente al escenario político. Como afirma Martín Baró, psicólogo jesuita asesinado en El Salvador, “la asepsia ética y política no es más que una pretendida inconsistencia sobre los valores e intereses en juego en cada situación. Éticamente el científico no puede dejar de tomar una postura frente a esos fenómenos; pero la parcialidad que siempre supone una toma de postura no tiene porqué eliminar la objetividad.”

En días pasados el presidente Moreno firmó los denominados acuerdos indemnizatorios a víctimas de violaciones de derechos humanos, habló sobre la importancia de la memoria histórica y la justicia, y finalmente pidió disculpas por parte del Estado ecuatoriano a las víctimas. Todo esto está muy bien, excepto por tres “pequeños” detalles que se le olvidó mencionar:

1. La Comisión de la Verdad de Ecuador fue creada en año 2007 por el entonces Presidente Rafael Correa Delgado, mediante el decreto presidencial 305. Ha sido una de las pocas comisiones en el mundo que trabajó con el total apoyo y voluntad política del Poder Ejecutivo que otorgó, además, todas facilidades logísticas y presupuestarias del caso. La CVE registró un total de 118 casos, que incluyeron a más 450 víctimas directas de violaciones como tortura, desaparición forzada, violencia sexual, entre otras. Se identificó que la mayor concentración de las violaciones (68%) se dieron en el gobierno de Febres Cordero y que dicha violencia fue parte de una política de estado. Es importante destacar que varios dirigentes socialcristianos aparecen señalados en dicho informe como presuntos perpetradores, entre ellos el mismo Jaime Nebot, actual alcalde de Guayaquil.

El Informe de la CVE propuso un conjunto de 155 recomendaciones orientadas hacia la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas. Por ejemplo, creación de museos y conmemorativos, becas, atención en salud, compensaciones económicas, entre muchas otras, las mismas que empezaron a implementarse durante el mismo gobierno del Presidente Correa.

Así, pudimos ver la creación de programas de asistencia psicológica, programas de socio-empleo, el mural de conmemoración en los exteriores de la Fiscalía, entre otros. Sí debo decir que durante mi investigación pude constatar que el proceso de reparación ha sido extremadamente largo y lastimosamente a veces a cargo de funcionarios e instituciones que no han estado preparadas para responder a la complejidad y sensibilidad de estos casos.

2. Los acuerdos de reparación son básicamente los convenios de compensación económica a los que ha llegado el Ministerio de Justicia con las víctimas de cada caso. Igualmente, la Defensoría del Pueblo viene trabajando desde hace varios años con los acuerdos de reparación no económica.

Según el Informe de Gestión de la Defensoría del Pueblo solo hasta el 2015 se habían ya firmado 90 acuerdos reparatorios. El acto de firmas que protagonizó el Presidente Moreno es solo uno más de los tantos que jamás fueron televisados y que la prensa jamás prestó atención, ni se hizo un acto público para otorgarlos. El gobierno ha prometido celeridad en procesos indemnizatorios, lo cual esperamos se cumpla por el bienestar de las víctimas y sus familias.

3. En justicia transicional las disculpas públicas por parte del Estado son un elemento indispensable de reconocimiento para las víctimas. Por ello, tras más de tres años de investigaciones por parte de la CVE, el informe final “Sin Verdad no hay Justicia” fue presentado en un acto solemne y participativo, al cual fueron invitadas centenares de víctimas de varias provincias.

La CVE apoyó a las víctimas con alojamiento, trasporte y alimentación para su presencia en dicho evento. En el acto solemne el Presidente Correa dirigió un sentido discurso a las víctimas y asistentes y oficialmente les pidió perdón a nombre del Estado ecuatoriano por los crímenes acaecidos en las décadas anteriores. Durante, mi investigación, en las que entrevisté a varias víctimas, ellas me decían lo importante había sido aquel momento para ellas.

Teniendo en cuenta los tres puntos anteriores, debemos entender el acto que protagonizó el Presidente Moreno dentro del contexto político actual que vive el Ecuador y a puertas de una consulta popular patrocinada por el propio Presidente Moreno.

Así, se ha utilizado el discurso de los derechos humanos para tratar aparentar una posición moral y benefactora, para tratar de congratularse con el pueblo y con ciertos sectores progresistas. Entonces, me pregunto: ¿para qué pedir disculpas nuevamente? Dentro de todo, quizá ciertamente puede ser positivo para las víctimas sentirse un poco más resarcidas.

Específicamente las víctimas que fueron recientemente reparadas son un grupo de sencillos mineros que fueron desalojados violentamente en los años 80 y las consecuencias económicas, médicas y psicológicas que sufrieron fueron muy fuertes, como constaté en mis reuniones con ellos. Sin embargo, es claro que se ha pretendido utilizar a las víctimas y sus derechos para el montaje de un espectáculo político. Finalmente, el papel de los medios de comunicación deja mucho que desear.

En el 2010, pocos medios destacaron el pedido de perdón que hizo el Presidente Correa o los resultados de las investigaciones por parte de la CVE. En general hubo muy poca cobertura, incluso el discurso generalizado era que la Comisión de la Verdad había sido un instrumento de persecución política. Ahora los medios y los sectores de oposición aplauden lo que antes condenaban.

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