Informes alertan de tala y cacería en áreas protegidas del Yasuní

0
721

La supervivencia de los tagaeri y taromenane –que conforman los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV)– vuelve a estar amenazada tras la identificación de actividades ilícitas de tala y cacería en medio de la espesura de la selva que ocupan.

Son acciones que, como ha ocurrido en el pasado, pueden derivar en matanzas al darse encuentros fortuitos de los pueblos ocultos con las personas que se internan en las áreas del Parque Nacional Yasuní (PNY) y la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT) –esta última creada en 1999–, según especialistas consultados.

Al ser grupos que mantienen ciclos de constante movilidad, no conocen de límites establecidos por el Estado en un área compartida con la etnia huaorani, dice José Proaño, director para América Latina de la ONG ambientalista Land is Life.

Dos informes recientes, uno del Ministerio del Ambiente y otro de ONG ambientalistas, dan cuenta de la vulnerabilidad que persiste en esta zona.

El informe de cierre del proyecto del Programa de Reparación Ambiental y Social ejecutado por el Ministerio del Ambiente indica que en varios sobrevuelos realizados a finales del 2016, al oeste, sur y este del PNY, y en sectores como la Franja de Diversidad y Vida, quebrada El Lobo, y de los ríos Cononaco, Curaray y Nashiño se encontraron huellas de “posible actividad ilícita”.

Un ejemplo fue el 1 de diciembre pasado en la quebrada El Lobo, donde observaron “caminos que serían utilizados para cacería o el arrastre de madera, además de evidenciar un área tipo muelle que sería donde embarcan la madera”,

El otro informe más reciente se llama “Tala Ilegal de Madera Zona Intangible Tagaeri Taromenane Yasuní Ecuador” y fue realizado por las ONG ambientalistas Land is Life y Acción Ecológica y la Fundación Alejandro Labaka.

Restos de árboles talados.

Este último se basa en una visita realizada entre el 20 y 29 de mayo de este año por una comitiva de unas treinta personas entre integrantes de las organizaciones y líderes huaorani, záparas y kichwas amazónicos.

La misión recorrió el área del río Shiripuno hasta su desembocadura en el Cononaco para seguir por el afluente Curaray (en la provincia de Pastaza). En este trayecto se logró “verificar supuestos campamentos madereros ilegales utilizados por ciudadanos” peruanos.

También se registraron “trochas para cacería ilegal con rudimentarias parrillas para el ahumado y secado de carne, camastros improvisados y restos de cartuchos disparados”. La carne se comercializaría en Perú. “Encontramos gaseosas, comida peruana. No están cazando para sobrevivir, sino de forma industrial, le están quitando los recursos a los no contactados que viven de la caza”, señala Braulio Gutiérrez, dirigente de Acción Ecológica.

Conflictos

De ahí la amenaza a la supervivencia de los pueblos ocultos que el Gobierno central tiene la obligación de proteger. A ello se suma la posibilidad de más matanzas. Los PIAV han tenido relaciones conflictivas con los huaoranis, colonos (campesinos mestizos), trabajadores petroleros, religiosos, madereros, cazadores ilegales. Estos conflictos cobraron la vida de al menos 50 personas en los últimos treinta años, dice Proaño.

Entre las víctimas están el obispo español Alejandro Labaka y la monja colombiana Inés Arango, cuyas muertes cumplirán 30 años este 21 de julio.

“A lo largo del curso del bajo Curaray se verificaron 7 puntos de tala ilegal, 3 de los cuales se encuentran dentro del área de la ZITT y el PNY. Los no contactados suelen reaccionar de forma violenta en defensa del territorio”, indica Gutiérrez.

Líderes huaoranis como Penti (i) se oponen firmemente a la actividad extractiva en sus territorios ancestrales.

Según este informe, dos puntos de control del Estado ubicados en la zona de Ceilán están en “total abandono”, lo que da libre acceso a los madereros. Por ello, Acción Ecológica presentó una denuncia a la Fiscalía para que investigue el caso.

“Encontramos una lancha… con dos personas que… tenían motosierras y escopetas. Esto fue en la frontera entre Ecuador y Perú… El resguardo del Ejército ecuatoriano es completamente nulo al igual que el del Ministerio del Ambiente… Tenemos entendido que no hay presupuesto… A los soldados que estaban en un destacamento militar los encontramos jugando billar…, no pueden hacer más”, añade Gutiérrez.

Luego de la presentación de este informe se firmó, el 15 de junio pasado, un convenio entre los ministerios de Justicia, Defensa y Ambiente para establecer “actividades específicas para el control, monitoreo y protección de los recursos naturales en los territorios de los PIAV”, según un comunicado de estas tres entidades.

La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, afirma que en el convenio se establecieron las nuevas tareas de control: “Es un área muy complicada de controlar porque tampoco puedes ser muy invasivo, precisamente porque ahí están estos pueblos. Entonces tenemos dos estaciones de monitoreo, vamos a fortalecerlas… con los militares”.

La funcionaria agrega que la entidad que dirige tiene técnicos con el equipamiento adecuado, pero la complejidad radica en lo vasto de la zona: “Dos estaciones no son suficientes… Lo que habrá que hacer es evitar que continúe el ingreso de estas personas… Del otro lado del Yasuní, ya talaron…”.

Seguirán explotación en ITT

En tanto que el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, afirmó el martes pasado que no se contempla frenar la explotación en los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini del bloque 43 dentro del PNY con una consideración: “Respetando el no ingreso a la zona intangible”, indicó.

Canoa con ciudadanos de nacionalidad peruana que estarían talando y cazando ilegalmente en el Parque Nacional Yasuní.

Para Milagros Aguirre, exdirectora de la fundación Alejandro Labaka, la intangibilidad es malentendida: “Ese marco (la creación de la ZITT) no es una jaula, no es un sitio de donde ellos no puedan salir, esa área se creó para que la sociedad no entre, ponerle un límite al avance petrolero, todo lo contrario es absurdo”, asegura. Un mismo criterio tiene Proaño, quien asegura que el control estatal es primordial: “Hay avances, pero no logran el efecto deseado”.

Esto es parte del conflicto entre los que creen que los PIAV estarían ya extintos al no haber imágenes o videos de ellos, más allá de huellas, lanzas, chacras, chozas… Pero para quienes los estudian, estos indicios se convierten en el argumento para frenar la explotación de la selva que habitan, rica en petróleo, minas, madera, fauna.

Dejar respuesta