Juan Cárdenas Espinoza: El Quinto Poder

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En la Constitución más garantista del mundo nació la Función de Transparencia y Control Social para superar el reparto de la troncha entre los capos de la partidocracia, con la nueva estructura de un Estado moderno que encargó a la ciudadanía participativa y organizada a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la selección de los titulares de la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y demás organismos de control de la Función Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo de la Judicatura.

Así dejaron de ser designados para tales funciones los incondicionales del mandamás de turno.

Este cambio trascendental ha tenido algunas falencias que deberían ser resueltas con más democracia para perfeccionar la actuación de los integrantes del Quinto Poder por no ejercer todas sus responsabilidades.

Se hacía necesaria una reorganización que reoriente su funcionamiento. No deja de ser interesante la propuesta de su integración mediante elección directa; pero sin que busquemos a los candidatos en otra galaxia donde nunca hayan ejercido acción política.

Lo realmente peligroso es que se pretenda integrar un Consejo de transición con la sola propuesta del Ejecutivo y con funciones que desnaturalizarían el equilibrio de poderes asignados por la Carta Magna, como otorgar la facultad de evaluar la gestión de los entes de control y a discreción resolver su relevo, asumiendo esa facultad que es privativa de la Asamblea Nacional y lesionando el Estado de derecho.

A la luz de la propuesta oficial, consideramos que la misma afecta la estructura del Estado, pues propone una enmienda que cambiaría la actual integración y origen del CPCCS, tarea que la Constitución le asigna a una Asamblea Constituyente que debería ser convocada en atención al dictamen que esperamos de la Corte Constitucional en su inexcusable responsabilidad de velar por la vigencia de la Norma Suprema. Las cosas en Derecho se deshacen como se hacen.

Reconocemos el derecho del Gobierno a convocar una consulta popular, herramienta constitucional que en la Década Ganada le bañó de pueblo a la Revolución Ciudadana. Depende de lo que se pregunte. No cabe si es para satisfacer la agenda del banquero perdedor, con la eliminación de tributos y contracción de derechos ciudadanos, para retornar a un neoliberalismo generador de más inequidad.

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