Moreno pide al Contralor, ‘de ser el caso’, sanciones a responsables de la consulta en la Corte Constitucional

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El presidente Lenín Moreno no solo dispuso al Consejo Nacional Electoral (CNE) que convoque a consulta popular y referendo, para que los ecuatorianos se pronuncien sobre siete preguntas, sino que pidió a Pablo Celi, contralor subrogante, revisar la actuación de los jueces de la Corte Constitucional. En el decreto 229, del 29 de noviembre del 2017, Moreno dispone: “Notificar al Contralor General del Estado, para que proceda de ser el caso, conforme lo establece en el último inciso del artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, a imponer las sanciones administrativas a las que hubiere lugar, individualizando las responsabilidades correspondientes”.

El 2 de octubre del 2017, Moreno remitió a la Corte Constitucional las 7 preguntas de su propuesta de consulta, para que los jueces analicen su constitucionalidad y autoricen el plebiscito.

Sin embargo, 58 días después, el Presidente consideró que esa Corte no se pronunció dentro del plazo previsto en la Ley y pidió al CNE la convocatoria directa a consulta. Ampliar Johana Pesántez entregó a Fausto Holguín, secretario General del CNE, las copias certificadas de los decretos.

Foto: Secom El artículo 105 de dicha Ley contempla que “si la Corte Constitucional no resolviere la convocatoria, los considerandos y el cuestionario del referendo, dentro del término de veinte días siguientes a haber iniciado el respectivo control previo, se entenderá que ha emitido dictamen favorable. Esta omisión dará lugar a las sanciones administrativas que correspondan”.

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 45, precisa que la “responsabilidad administrativa culposa de las autoridades, dignatarios, funcionarios y servidores de las instituciones del Estado, se establecerá a base del análisis documentado del grado de inobservancia de las disposiciones legales relativas al asunto de que se trate, y sobre el incumplimiento de las atribuciones, funciones, deberes y obligaciones que les competen por razón de su cargo o de las estipulaciones contractuales, especialmente las previstas en el Título III de esta ley”.

La sanción contemplada por una ‘responsabilidad administrativa culposa’ de un funcionario público es la destitución. Así lo contempla el artículo 46 de la Ley de la Contraloría.

“Sin perjuicio de las responsabilidades civil culposa o penal a que hubiere lugar, los dignatarios, autoridades, funcionarios y demás servidores de las instituciones del Estado, así como personeros, directivos, empleados, trabajadores y representantes de las personas jurídicas y entidades de derecho privado con participación estatal que incurrieren en una o más de las causales de responsabilidad administrativa culposa previstas en el artículo anterior, originadas en los resultados de las auditorías, serán sancionados, con multa de una a veinte remuneraciones básicas unificadas del trabajador del sector privado, al dignatario, autoridad, funcionario o servidor, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar, de acuerdo a la gravedad de la falta cometida, pudiendo además ser destituido del cargo, de conformidad con la ley”.

El análisis de las siete preguntas en la Corte Constitucional fue delegado a las juezas Marien Segura Reascos y Tatiana Ordeñana Sierra para que elaboren un informe que debía ser presentado ante el Pleno de la Corte Constitucional para su aprobación u observación.

Marien Segura Reascos Marien Segura Reascos llegó a la Corte Constitucional (CC) en junio de 2016, tras la renuncia del presidente del organismo, Patricio Pazmiño. Ella fue postulada para el cargo de jueza por el expresidente Rafael Correa, en la terna que envió para el concurso de renovación parcial.

Esto ocurrió en julio de 2015. Sin embargo, en ese entonces se eligieron tres magistrados y ella quedó en cuarto lugar. Sobrepasó, por ejemplo, a la actual secretaria jurídica de la Presidencia y exministra de Justicia, Johana Pesántez. Esto la dejó en el banco de elegibles.

Así, cuando Pazmiño pasó a ser juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ella fue llamada a ocupar el cargo vacante en el pleno de la CC. Ahora es la primera afroecuatoriana en ser magistrada constitucional. De forma previa, Segura pasó por otras instituciones del Estado.

Fue jueza de la Unidad Judicial de la Familia de Guayas, coordinadora de Rehabilitación Social del Litoral, en el Ministerio de Justicia, y también directora de ‘La Roca’, la cárcel de máxima seguridad que fue instalada en el Puerto Principal.

En agosto de 2011 se inscribió para concursar por un puesto en el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero no tuvo éxito.

Su carpeta no fue aceptada -se dijo entonces- por falta de un documento. Previamente, también participó para vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como en varios concursos para jueces. Segura proviene de la parroquia Tambillo, ubicada a 20 minutos de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, a donde se accede por vía fluvial. Aunque después su familia se mudó a la capital provincial. Tiene 10 hermanos de padre y madre, cinco de padre y dos de crianza.

A los 18 se mudó al Puerto Principal, donde estudió Jurisprudencia en la Universidad de Guayaquil. Ella es abogada, con una especialidad en Derecho Penal, Criminología y Justicia Indígena, así como licenciada en Ciencias Políticas. Y los primeros años de su vida profesional transcurrieron en el sector privado, en varios estudios jurídicos. Tiene una formación complementaria en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, así como preparación internacional en Derecho Laboral y Liderazgo.

También se formó como Juez de Paz y en Resolución de Conflictos. Marien Segura Reascos participó en el programa del Sistema de cortes estatales, en Virginia, Estados Unidos. Y fue reconocida como mejor jurista del 2014 por el Colegio de Abogados de Guayas. La jueza Segura está a cargo del análisis de la consulta popular planteada por el presidente Lenín Moreno, en octubre pasado. El informe que elabore sobre la constitucionalidad de las preguntas con respecto a la derogación de la Ley de Plusvalía y la reducción de la zona de explotación petrolera en el Yasuní deberá pasar al Pleno de la Corte para su aprobación.

Patricia Tatiana Ordeñana Sierra Patricia Tatiana Ordeñana Sierra, nacida en Guayaquil, llegó a la Corte Constitucional (CC) un noviembre, hace cinco años.

Entonces se constituyó el primer organismo, en concordancia con la Constitución de Montecristi, luego del de transición. De forma previa, desde marzo de 2010, formó parte del primer Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), creado con la nueva Carta Magna.

Ingresó a través de un proceso de selección de méritos y oposición, de entre siete candidatos propuestos por el expresidente Rafael Correa, y estuvo entre la mayoría de consejeros a los que se consideraba afines al oficialismo. Es doctora en Jurisprudencia, por la Universidad de Guayaquil, y especialista en Derechos Humanos.

En su hoja de vida resalta un máster en Derecho de Familia, por la Universidad de Barcelona (España), y además es licenciada en Ciencias Políticas y Sociales. Su trabajo inició vinculado a proyectos y programas de atención a la mujer y los niños y adolescentes, así como en entidades que trabajaban por los Derechos Humanos.

Ordeñana fue candidata a asambleísta constituyente por el movimiento de César Montúfar, en ese entonces Concertación Nacional. Fue directora técnica del extinto Consejo Nacional de las Mujeres; consultora en la organización Projusticia, que presidió Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura y exsecretario particular de Correa; asesora en el extinto Ministerio del Litoral, cuando el exministro Ricardo Patiño lo presidía; y directora del extinto INFA en Guayas.

Aunque su paso por el Cpccs fue de apenas dos años, el desempeño del organismo ya venía siendo cuestionado por la designación de autoridades afines al Gobierno para las distintas entidades de Control.

Por lo que su paso a la Corte, junto con los otros ocho jueces que se posesionaron en 2012, también fue cuestionado por la oposición. Pese a estas críticas, el 8 de agosto de 2016, la jueza constitucional contrajo matrimonio en Carondelet.

La ceremonia, reservada solamente para amigos y familiares, fue dirigida por el mismo Correa, al final de la tarde. Aunque el cargo en la Corte tiene una duración de nueve años, Ordeñana podría salir en el 2018, cuando deberá realizarse la segunda renovación parcial de la magistratura más poderosa del país. Mientras tanto, sobre ella recayó, el 18 de octubre, la responsabilidad de analizar la propuesta de referendo constitucional, planteada por el presidente Lenín Moreno.

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