Serrano niega ser parte de mafia de los pases policiales; amenazan a presos

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    El Fiscal pidió medidas de protección para 4 policías y algunos familiares y dijo que la investigación se entorpece.

    El teniente Ernesto Montenegro, procesado por el caso de la venta irregular de pases en la Policía, en su versión del primero de febrero, rendida ante la fiscal Tania Moreno, aseguró, entre otras cosas, que escuchó al también teniente Alexis Cifuentes, ahora prófugo de la justicia, decir que una parte del dinero recaudado en los pases al personal de la Policía era para entregársela al ministro del Interior, José Serrano y que ese dinero servía, entre otras cosas, para pagar los buses que transportaban oficialistas para las marchas de Alianza PAIS.

    Eso mismo dijeron los dos detenidos en Colombia por este mismo caso, que fueron deportados el martes al país, a través de videos difundidos en redes sociales.

    Según una nota de Ecuavisa, incluso el excomandante de la Policía Fausto Tamayo habría dicho que varios pedidos llegaban, supuestamente, de parte de la Presidencia y con la ‘bendición’ del propio Serrano. Sin embargo, Tamayo dijo en su versión que todos los pases que él conoció se hicieron por la vía legal.

    Sobre estas afirmaciones y otras de este procesado, el Ministro respondió, en declaraciones citadas por la oficialista agencia Andes, que él fue quien ordenó la investigación interna en la que se determinó cómo operaba la red de tráfico de pases dentro de la Policía y dijo que esta es una estructura de corrupción que existía hace décadas.

    Dijo que en julio de 2015 había pedido la baja del entonces comandante general de la Policía, Fausto Tamayo, como resultado de la investigación interna la cual determinó que los policías pagaban entre 1.000 y 5.000 dólares para comprar pases que les permitieran trabajar en otras provincias.

    Amenazas
    El fiscal de Pichincha, Wilson Toainga, hizo pública su preocupación porque en el decurso de los últimos días han surgido inconvenientes para el acopio de elementos de convicción necesarios para la investigación de las supuestas irregularidades en los pases al personal de la Policía Nacional. Se refiere a amenazas de muerte e intimidación a los testigos para que se retracten de sus versiones originales.

    Las amenazas no van solo para los cuatro procesados que están colaborando con la investigación, sino también para sus familiares, quienes habrían recibido la visita personal de abogados, aconsejándoles qué hacer en este caso.

    Estos actos de intimidación habrían hecho que dos de los procesados que guardan prisión preventiva desde el inicio de la instrucción fiscal desistan de los testimonios anticipados.

    El fiscal Toainga dijo que se cumple con lo dispuesto por el artículo 519,1 del Código Penal, puesto que “las amenazas están obstaculizando el acopio de indicios y elementos de convicción a fin de llegar a la verdad histórica de los hechos”.

    Por ello, se les sometió a los procesados Luis Carrera y Ernesto Montenegro al sistema de protección de víctimas y testigos y, en tal virtud, se puso en conocimiento de los administradores de la cárcel de su condición de protegidos. Fuente LaHora

    Video del ministerio del interior

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